Versión Taquigráfica Provisoria

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik, a quien le vamos a avisar cuando se estén por cumplir los diez minutos de los que dispone para hacer su exposición.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: me hago eco de lo que dijeron los señores senadores preopinantes acerca del buen trámite que ha tenido el debate en las comisiones. Creo que la Cámara está tratando con la seriedad que merece la problemática en la que nos encontramos.
Como parte del bloque de Coalición Cívica, representación mayoritaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este Senado, no vengo a defender los intereses específicos de los ciudadanos de la ciudad que naturalmente no plantan soja en sus macetas ni nada por el estilo. Pero si realmente algo me ha dejado de positivo, entre otras cosas, el desarrollo de esta problemática, es la comunicación que me ha permitido tener a lo largo y ancho del país con tantas mujeres y hombres. Entonces, hoy me permito representarlos a todos.
Se ha dicho muchas veces que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Nunca lo he creído ni vivido siendo un porteño…
Sr. Pichetto. — Entonces, está cerca de Dios… (Risas)
Sr. Presidente. — No dialoguen señores senadores.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — No he sido yo quien dialogó. Pero es una nota simpática, señor presidente.
Relajémonos, ya que hoy será un día largo. En cambio, he visto que la voz de Dios es la voz del pueblo, que estos días he escuchado estos días en cada rincón de la Patria a través de sus hombres y mujeres. En los productores con quienes he podido dialogar pude escuchar esa voz; y, en este caso, no provino de mi ciudad sino de toda la Nación. Por ello, hoy hablo asumiendo esa representación.
Sé que estoy hablando no sólo a los porteños sino también a todos los habitantes de la Nación. Estoy refiriéndome al marco político en el que se presenta este debate que estamos dando. Entonces, antes de referirme al proyecto sancionado por Diputados —que es el motivo preciso de la decisión que tenemos que tomar—, no puedo dejar de mencionar mi pensamiento acerca de la situación política que estamos viviendo.
Hay nombres que se imponen para denominar ciertos hechos políticos, y aquí se ha impuesto uno que, sin decir que sea falso, al menos considero parcial: el de “el conflicto entre el gobierno y el campo”. Al respecto, no puedo admitir que se nombre de esa forma la problemática en que nos encontramos. En cambio, creo que se ha producido en estos días cierto grado de fractura entre la representación política y los representados. Efectivamente, como dijo el senador preopinante, muchos de los votantes de la presidenta Fernández de Kirchner son los mismos que ahora desarrollan esta justa y legítima petición a las autoridades.
Observo la existencia de una fractura y pienso que, a seis meses de asumido el gobierno por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sería irresponsable continuar profundizándola. Es por ello que estimo enorme nuestra responsabilidad hoy aquí.
Considero que ayudar al fortalecimiento del ejercicio de la Primera Magistratura del país es apoyar a la presidenta a disminuir esa fractura: si es posible, a cerrarla y curarla. Recordemos que restan tres años y medio de gobierno constitucional, y de seguro todo argentino bienintencionado desea el mejor trámite para esos años por venir.
Además creo que la acción del presidente del Partido Justicialista, a quien por varios equívocos públicos podría incluírselo bajo la denominación “matrimonio presidencial”
—lamento tener que hacerlo, pero soy justo con los hechos y mi compromiso está primero con esos hechos y con nadie más—, ha generado un enfrentamiento entre los argentinos.
Lamentablemente ayer, en el acto a espaldas del Congreso, yo también lo he visto y percibido. Entonces, creo que es algo que nos puede hacer mucho daño.
Pero encontramos una magnífica respuesta en el pueblo: como consecuencia de ese intento de fracturar y de enfrentar a los argentinos entre sí —quizás no por mala intención sino simplemente por una mala consecuencia de otras intenciones—, el pueblo respondió uniéndose. Entonces, si el pueblo se ha unido en un lado el gobierno puede quedar aislado en el otro, situación sin dudas indeseable.
Se dijo también que con el desarrollo de esta problemática se recuperó la política.
Quiero explicitar aquí mi desacuerdo con eso. La política, sin ninguna duda, se instaura en ese lugar de la sociedad donde hay que construir la igualdad para todos aquellos que pertenecemos a una misma comunidad, que debiéramos querer ser, que legítimamente queremos convertirnos —la política debe darnos esa posibilidad— en una comunidad de iguales y de libres: sobre todo, de hombres libres a través de la igualdad. Por eso, cuando se habla de la necesidad de la redistribución de la riqueza soy el primero en sumarme a ese objetivo superior.
Creo que el Poder Ejecutivo tiene que honrar su obligación de redistribuir la riqueza y de componer las pasiones en conflicto: es decir, de arribar a la igualdad, por sobre los intereses particulares. Sin embargo, la acción del partido de gobierno ha constituido más bien la negación de la política porque al mismo tiempo se ha alojado en una naturalización de la dominación como si se tratara de un principado con relación a súbditos y, por otro lado, se ha colocado en el lugar de la revuelta; pero la política es justamente lo que está en el medio y trasciende tanto a la dominación natural como a la revuelta. No se puede pretender estar en esos dos extremos y al mismo tiempo honrar a la política. Creo que, por el contrario, lo que hemos estado viviendo en estos meses es una especie de negación de la política, que tiene expresiones varias: institucionales, económicas, sociales y propiamente políticas.
En cuanto a las institucionales, me parece que hay que destacar en este ámbito, justamente, la anulación del Congreso. El Poder Ejecutivo insiste en amordazar al Congreso o en debilitarlo en sus funciones, en el ejercicio de sus potestades constitucionales. Debemos señalar que es urgente que este Congreso recupere plenamente esas facultades. Es la expresión institucional de la igualación de la comunidad por la política en el sistema que consagra nuestra Constitución: al menos en su artículo 1°, en cuanto establece un régimen representativo, republicano y federal.
En la dimensión económica, como he expuesto, esta política —la que está expresada en la sanción de la Cámara de Diputados, y que también estuvo en la Resolución 125 y sus modificatorias— no es realmente redistributiva, siendo en años anteriores funcional a la acumulación de la riqueza y a la concentración en un “capitalismo de amigos”.
También hay una dimensión social que tenemos que evitar seguir profundizando en esta negación de la política a la que me estoy refiriendo. Ese desprecio por buena parte de la sociedad de muchos actores políticos trascendentes en esta hora es algo que le hace muy mal a la vida del país. De hecho, es un desprecio que se expresa de distintas formas y que se dirige hacia diferentes actores…
Sr. Presidente. — Se agota su tiempo, señor senador.
Sr. Cabanchik. — Necesito algo más de tiempo, señor presidente; discúlpeme. Espero quesea flexible, como lo ha sido con los senadores que me precedieron en el uso de la palabra.
Sr. Mayans. — Pero eran miembros informantes y presidentes de bloque.
Sr. Cabanchik. — ¡No me interrumpa!
Sr. Mayans. — Le recuerdo el acuerdo al que habíamos llegado; nada más.
Sr. Presidente. — Está bien, señor senador, continúe. Sólo le he avisado.
Sr. Cabanchik. — Gracias, señor presidente.
Ha expresado el senador Fabián Ríos que hoy no estamos discutiendo la Resolución 125. Yo quisiera no discutirla, pero lamentablemente la norma que hoy estamos debatiendo—o sea, la sanción de la Cámara de Diputados— en su artículo 1° ratifica la Resolución 125 y sus modificatorias. Entonces, lamentablemente sí estamos discutiendo dichas normativas ministeriales.
Por otra parte, el artículo 2° —que completa el Capítulo I que estamos discutiendo— provoca la mayor dificultad en esta degradación del Congreso Nacional. Aunque todos lo tenemos ante nosotros y el público ya lo conoce suficientemente, puntualizado que dicho artículo 2° establece que “Lo dispuesto en el artículo precedente lo es sin perjuicio de la vigencia de las medidas dictadas y sin desmedro de las facultades ejercidas para ello en el marco de los dispositivos en ellas citados y especialmente de la ley 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, en particular su artículo 755, correlativos y concordantes.”
Aquí, aunque lo más brevemente posible, debo abrir un capítulo constitucional de mi intervención. Eso es sencillamente poner al artículo 2° por encima del cuerpo global de la Constitución Nacional, Ley Fundamental de la Nación —espero que en el Congreso no se discuta la posición fundamental que posee la norma básica—, nuestro fundamento, nuestro sistema básico y fuente de toda nuestra legitimación política en el dominio público.
Es decir, ratificar el artículo 2° sería poner por sobre el conjunto sistémico y coherente de la Constitución una manera de operar con la Cláusula Transitoria Octava deltexto constitucional reformado en 1994. Es una cláusula transitoria que, si bien forma partedel cuerpo global del texto reformado, no forma parte del cuerpo central de la Constitución.
Esa norma fijaba un plazo de cinco años de vigencia para toda la legislación delegada preexistente, plazo que caducó en 1999. Es cierto que las prórrogas sucesivas han ampliado ese plazo y hay una última que vence en agosto de 2009. Sin embargo, ellas limitan la extensión de la vigencia de la mencionada cláusula a necesidades administrativas y de emergencia no invocadas ni en la Resolución 125 ni en los fundamentos de la sanción de la Cámara de Diputados.
Por eso, pienso que se debe rechazar la sanción de la Cámara de Diputados si no se desea incurrir en inconstitucionalidad. Y digo esto más allá de que los artículos 4, 16, 17, 76 y 99 inciso 3 deben ser correlacionados como partes de un sistema que indica la inconstitucionalidad de la sanción de la Cámara de Diputados.
Quiero agregar la presunción de confiscatoriedad que posee el monto del tributo que se impone. Y digo “presunción” ya que no necesito como legislador probar que es confiscatorio; eso quizá le quepa a la Justicia y, en última instancia, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si es que a esa instancia llegaran las presentaciones. Me alcanza con presumir que lo es, como la jurisprudencia lo indica masivamente, para tomar la precaución como legislador de no sancionar una ley que en estos momentos permite que el Estado se quede con prácticamente el 50 por ciento de la venta del precio bruto de la producción agropecuaria.
Por otra parte, ya se mencionaron muchas de las consideraciones por las cuales, desde el punto de vista económico, aprobar sin modificaciones la sanción de la Cámara de Diputados sería nefasto.
Tengo muchas más consideraciones para hacer —sé que estoy tomando un tiempoque no me estaba asignado…
Sr. Presidente. — Lleva quince minutos.
Sr. Cabanchik. — Llevo quince minutos. Entonces, debo cerrar mi exposición. Espero que haya muchas oportunidades de volver a dialogar sobre todas estas cosas, aunque espero que sea en un clima de menor tensión.
Mi voluntad como senador de la Nación y como parte del bloque de la Coalición Cívica es ayudar a que la presidenta y el Congreso de la Nación puedan desarrollar la mejor gestión para el mejor país.
Debemos transitar por el Siglo XXI y ocupar entre las naciones el lugar que nos merecemos.
Cierro mi participación en estos momentos citando a un prohombre de la Patria, a alguien que debiera servirnos como guía, como tantos otros, que es Juan Bautista Alberdi, y que parece haber escrito lo que ahora voy a leer precisamente para este momento de la Nación y para esta sesión.
Escribió Juan Bautista Alberdi que “… la Constitución argentina es la primera que distingue la riqueza de la Nación de la riqueza del gobierno; y que, mirando la última como accesoria de la primera [la riqueza del gobierno como accesoria de la riqueza de la Nación, la Constitución...] halla que el verdadero medio de tener contribuciones abundantes es hacer rica y opulenta a la Nación. En efecto, ¿puede haber fisco rico de un país desierto y pobre? Enriquecer al país, poblarlo, llenarlo de capitales, ¿es otra cosa que agrandar al Tesoro fiscal? ¿Hay otros medios de nutrir el brazo que engordar el cuerpo de que es miembro? o ¿la Nación es hecha para el fisco y no el fisco para la Nación?”.