Muy enojadas terminaron las organizaciones de derechos humanos luego de que se celebrara el martes pasado la primera audiencia pública para elegir candidato a procurador penitenciario (el ombudsman de los detenidos federales).

La comisión bicameral del defensor del Pueblo rechazó las impugnaciones que había recibido la candidata del oficialismo, Silvia Martínez. Las organizaciones de la sociedad civil le imputaron su falta de independencia de la Justicia, su vinculación con el Servicio Penitenciario Federal y sus polémicas declaraciones desmintiendo un estudio sobre maltratos y torturas en cárceles federales, realizado por el propio organismo al que aspira presidir.

Además de la recomendación del CELS de no nombrar a la postulante Martínez, fueron rechazadas otras quince impugnaciones. En un comunicado difundido por el Comité Contra la Tortura y la Casa del Liberado denuncian que “todo el procedimiento fue poco claro y transparente” y agregaron: “Fue todo una farsa y una falta de respeto a más de 12 organizaciones de derechos humanos que trabajamos desde hace mucho en el tema”.

Por su parte, Martinez se defendió de estas acusaciones y refirió: “Yo no entiendo cómo pudieron decir que yo niego la tortura. Simplemente me pareció que los porcentajes que surgían del informe de la Procuración Penitenciaria Federal (PPF) no se correspondían con mi «sensación» de lo que pasa en las cárceles”.

Además, señaló la necesidad de analizar desde el punto de vista dogmático, si los hechos aberrantes relatados en el informe de maltratos y torturas realizado por la PPF encuadraban estrictamente en el tipo penal del torturas. Asimismo, en uno de los pocos pasajes de su discurso en el que se dedicó a establecer cual era su visión del rol de la Procuración Penitenciaria, destacó que no debería ser un organismo de denuncia sino que tiene que trabajar en colaboración con el Ejecutivo para mejorar el sistema.

Al finalizar su exposición la aplaudieron asesores del Servicio Penitenciario Federal, el director de Régimen Correccional y varios defensores y asesores de la Defensoría General de la Nación, que asistieron a la audiencia acompañando a la candidata.

También expuso el actual procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, propuesto por el bloque Memoria y Democracia de la diputada Norma Morandini, por el bloque de Concertación Entrerriana de Emilio Martínez Garbino y por el bloque de la UCR.

En su exposición hizo una férrea defensa de su gestión y del estudio sobre torutas presentado en abril de este año. Asimismo rechazó una impugnación que presentó la Liga por los Derechos Humanos por haber recibido en su despacho a ex camaradas de los militares detenidos en Marcos Paz y haberles enviado un médico para, según esta ONG, presentara el arresto domiciliario de los mismos.

Mugnolo no solo negó esta imputación sino que denunció que los militares están mejor atendidos que cualquier otro detenido, incluso tienen una médica exclusiva para los dos pabellones del Complejo Penitenciario de Marcos Paz conocido como “de lesa humanidad”

Por último, fue el turno de Ernesto Moreau, miembro de la APDH, propuesto por el senador Samuel Cabanchik de la CC, quien hizo una crítica a la falta de políticas penitenciarias y refirió también haber visitado a los militares presos para ver en las condiciones que se encontraban.

Para hoy está propuesta una nueva reunión de la comisión bicameral para redactar un dictamen que, en principio, sería muy favorable a la candidata Silvia Martínez, aunque cuenta con una fuerte resistencia de las organizaciones de DDHH.