Después del categórico triunfo obtenido por el oficialismo en la Cámara de Diputados con la aprobación del proyecto de reestatización del sistema de jubilaciones, y dando por segura una nueva victoria del kirchnerismo en el Senado que transforme la iniciativa en ley, la oposición ya empezó a discutir una estrategia para trasladar la discusión a la Justicia.

Pese a que nadie saldrá a reconocer por anticipado la derrota, y a que todavía no han logrado coordinar un plan de acción común, los principales referentes de la UCR, la Coalición Cívica y el PRO buscarán llevar la batalla con el Gobierno a los Tribunales.

“Tenemos claro que no lo vamos a dejar ahí”, le dijo a Clarín Patricia Bullrich. De hecho, la Coalición Cívica de Elisa Carrió fue la que más avanzó hasta ahora en explorar la vía judicial.

El senador porteño Samuel Cabanchik consultó al constitucionalista Daniel Sabsay y el abogado le explicó que, según su criterio, la reestatización de sistema jubilatorio “viola con claridad el derecho de propiedad”.

“El Estado no puede disponer de los fondos del aportante sin consultarlo y contra su voluntad”, profundizó Sabsay en diálogo con este diario. También explicó que como el reclamo “no se puede hacer en abstracto”, las presentaciones judiciales deberían hacerlas los propios aportantes que se sientan afectados.

En la Coalición recordaron que una jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, ya concedió una medida cautelar y dispuso la “indisponibilidad” parcial de los fondos que un aportante al sistema de capitalización tenía en una AFJP.

Desde el PRO, el jefe del bloque de diputados, Federico Pinedo, opinó que, una vez que se sancione la ley, los aportantes concurrirán masivamente a la Justicia para defender sus derechos.

“En principio, como diputado no puedo litigar contra el Estado, pero si pudiera hacerlo lo haría para defender mis propios derechos”, afirmó Pinedo. Y, previendo que el debate pueda llegar finalmente a la Corte, recordó que en un artículo de 1996, el actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que “los fondos de los aportantes están amparados por el derecho de propiedad”. Y agregó: “Es más, el artículo 85 de la Ley 24.241 que se está reformando habla de la ‘copropiedad de los afiliados’”.

Por el lado de la UCR, el presidente del bloque de diputados, Oscar Aguad, señaló que “esto no puede hacerse colectivamente, cada aportante tendrá que presentarse a la Justicia por su cuenta, les están robando sus derechos”.

Aguad anticipó que el radicalismo planea insistir ante los gobiernos provinciales para que reclamen al Poder Ejecutivo la devolución del 15 por ciento de la coparticipación del Impuesto a las Ganancias que delegan desde los 90 para financiar el sistema jubilatorio estatal. El Gobierno ya se encargó de subrayar que no está dispuesto a resignar esos fondos.