Un nuevo frente de batalla se abrirá en los próximos días en el parlamento nacional. La presidenta Cristina Kirchner ya lo tiene decido. A pesar de no estar de acuerdo con las leyes de Emergencia Económica e Impuesto al Cheque, enviará en los próximos días, el pedido de prórroga de ambas normas, que tienen fecha de vencimiento el 31 de diciembre del 2008.

Un nuevo frente de batalla se abrirá en los próximos días en el Congreso de la Nación. Varios gobernadores opositores e incluso varios kirchneristas vienen reclamando un mejor reparto de lo recaudado por la ley del cheque y una distribución más equitativa del Gobierno a la hora de disponer de fondos extraordinarios, tal como se plantea hasta ahora en la ley de emergencia económica.

En los últimos meses, abierta o secretamente, los gobernadores peronistas Mario Das Neves (Chubut), Daniel Scioli (Buenos Aires), José Luis Gioja (San Juan), Juan Schiaretti (Córdoba), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Oscar Jorge (La Pampa), Juan Manuel Urtubey (Salta) y Luis Beder Herrera (La Rioja) exigieron a la Casa Rosada que hubiera un mayor reparto de lo recaudado por el impuesto al cheque. También el gobernador de Santa Fe, el socialista Hermes Binner, hizo un planteo formal del tema. Después del apriete de Néstor Kirchner algunos comenzaron a cambiar de opinión.

Ocurre que el ex presidente ocupa su tiempo llamando a cada gobernador con falsas promesas de obra pública y fondos para la campaña electoral. Esto quedó demostrado en la votación en diputados sobre la estatización de la jubilación privada (AFJP), donde del día la noche, el socialismo, cambió de opinión y terminó apoyando en general el proyecto del gobierno. Esto pasó justo después de una charla entre Néstor Kirchner y el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner.

La Emergencia Económica le permite al Poder Ejecutivo Nacional renegociar contratos de servicios públicos, así como reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios, reactivar la economía, mejorar el nivel de empleo y la distribución de ingresos y crear las condiciones para la reestructuración de la deuda pública, todas estas atribuciones del Congreso como lo establece el artículo 75 de la Constitución de la Nación, que fueron delegadas con la aprobación de esta ley.

En el caso de la ley de cheque, el Gobierno recaudó este año 17.000 millones de pesos y prevé reunir 22.000 millones en 2009. De este monto, la Nación se queda con el 70% y el 30% restante se divide entre las provincias y las afectaciones específicas del Estado, con lo que los gobernadores no reciben más de 2000 millones de pesos al año.

En tanto en diputados ya hay varios proyectos que intentan modificar esta situación y esperan su tratamiento desde el mes de septiembre pasado. Entre ellos el expediente 5541-D-08 lleva la firma de Miguel Giubergia (UCR- Jujuy), Gustavo Cusinato (Entre Ríos) Oscar Aguad (UCR- Córdoba), Garcia Hamilton (UCR- Tucumán) y Silvana Giudici (UCR- CABA) y el 5318-D-2008, que lleva la firma de Felipe Solá (Buenos Aires), Enrique Thomas (Mendoza), Zulema Daher (Salta), Irma Garcia (Rio Negro), Beatriz Halak (Córdoba), todos del Frente para la Victoria, hoy alejados del kirchnerismo.

“Esta ley es un verdadero cheque en blanco”, dijo el senador socialista Rubén Giustiniani.

El jujeño Morales insistió en que la ley “va en contra de lo que ella (por Cristina) propuso a favor del diálogo y la institucionalidad”. “El país ya ha resuelto los problemas más graves del año 2002. No hay situaciones que ameriten una prórroga”, agregó.

“El Senado debe honrar la Constitución y no prorrogar excepcionalidades, porque medidas de este tipo mantienen a las instituciones en estado de emergencia”, se sumó el porteño Samuel Cabanchik, de la Coalición Cívica. El radical Ernesto Sanz sostuvo que la ley de emergencia “no es necesaria. Sólo se trata de acumular poder político”, concluyó.

En tanto el titular del bloque del senado del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, confió que “vamos a sacar la ley porque tenemos los 37 votos necesario para hacerlo”, pero se mostró esperanzado de un acuerdo entre la Nación y los gobernadores para que la norma sea por consenso.

El 12 de diciembre del 2007 último, dos días después de la asunción de Cristina, el Senado aprobó la prórroga de ambas leyes por una abrumadora diferencia de 43 votos positivos y 21 en contra y 5 ausentes. Se le animaron a Kirchner, y votaron en contra los senadores del Frente para la Victoria, Carlos Reutemann (Santa Fé), Eric Calcagno (Buenos Aires) y César Gioja (San Juan). Ademas Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe), Samuel Cabanchik (CC-CABA), María Eugenia Estensoro (CC- CABA). También votaron negativamente los senadores de la UCR, Juan Carlos Marino (La Pampa), Anselmo Martínez (Santa Cruz), Norberto Massoni (Chubut), Rubén Morales (Jujuy) y Luis Petcoff Naidenoff (Formosa) y Ernesto Sanz (Mendoza). Otros como Roberto Basualdo (Alianza Frente Producción y Trabajo- San Juan), Oscar Castillo (Frente Cívico y Social de Catamarca), María Díaz (ARI- Tierra del Fuego), Hilda “Chiche “González de Duhalde (Alianza Frente Justicialista- Buenos Aires), Liliana Negre de Alonso y Adolfo Rodríguez Saa (FREJULI), Carlos Salazar y Delia Pinchetti de Sierra Morales (Fuerza Republicana – Tucumán) y Carlos Rossi (Partido Nuevo – Córdoba).

Antes el 4 de diciembre en diputados la votación había sido 128 afirmativos, 3 negativos, 3 abtenciones y 122 ausentes. Solo se animaron a votar en contra del poder de los Kirchner, Adriana Tomaz y Juan Carlos Bonacorsi, ambos legisladores del PAUFE y Paola Spatola de Guardia Peronista. La oposición estuvo ausente.
Hoy en la Casa Rosada admiten que no será una discusión sencilla porque ya hay un desgaste de la tropa kirchnerista por la resolución 125. No obstante, se preparan para un largo debate y hasta evalúan pedir una prórroga de sesiones extraordinarias hasta 31 de diciembre de 2008.