Samuel Cabanchik, legislador de la Coalición Cívica, se quejó en Radio Fénix, debido a que el sistema jubilación privada aportará al estado 80 mil millones de pesos, y que los mismos serán utilizados para la campaña del próximo año. Además, manifestó que el gobierno no podrá cumplir con las promesas. Y se mostró desconfiado de los órganos de contralor.

Además el senador consideró que fue apresurado el tratamiento que tuvo el proyecto. Luego anunció que esto puede generar consecuencias graves al estado nacional, debido a los juicios que tendrá que soportar. “Un enorme cantidad de dinero habrá que pagar”, continuó.

Cabanchik, aseguró esta ley le permitirá al gobierno manejar una caja de 80 mil millones de pesos para servirán “comprar voluntades en las provincias”.

Luego se mostró desconfiado de los órganos de contralor que tendrá esta caja porque “ellos con un decreto lo pueden cambiar”

La reforma que impulsó el Poder Ejecutivo un año después de instalar la libre opción jubilatoria logró el apoyo de una amplia mayoría de oficialistas y de un puñado de aliados (dos aristas fueguinos, un socialista y otro del Movimiento Popular Nequino), tal como había sucedido en Diputados. Se opusieron la UCR, el peronismo anti K, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales. El cobista Pablo Verani se abstuvo.

Según el texto, de 21 artículos, se crea el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que pasarán a la ANSeS unos $ 80 mil millones que actualmente administran las AFJP. De tal modo, los 9,5 millones de afiliados al sistema de capitalización, que generan un flujo anual de 15 mil millones de pesos, serán transferidos automáticamente el 1° de enero próximo al sistema público.

La ventaja que de antemano se aseguraba el kirchnerismo, al limitar las disidencias internas que florecieron en el debate sobre las retenciones al campo, le quitó a la sesión el dramatismo de aquella madrugada en la que el vicepresidente Julio Cobos tuvo que desempatar y tumbó la movilidad del tributo a los granos. Ayer Cobos no presidió la sesión por estar en ejercicio del Poder Ejecutivo.

Durante las casi doce horas de discusión, las AFJP no tuvieron abogado defensor. Los mayores cuestionamientos de la UCR, el peronismo disidente, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales se centraron en las sospechas sobre el uso que dará el Gobierno a los millones que recibirá la ANSeS y los riesgos de una avalancha de juicios.