Los senadores nacionales de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro y Samuel Cabanchick, advierten que esta semana el Frente para la Victoria “intentará consumar las designaciones de dos integrantes nuevos de la Auditoría General de la Nación –son tres los cargos a renovar – que por sus antecedentes no alcanzan las condiciones éticas ni de transparencia que exige formar parte de este organismo fundamental de control externo de los actos del Poder Ejecutivo”.

Se trata, primeramente, de Vilma Castillo, actual miembro del Directorio de Aerolíneas Argentinas en representación del Estado Nacional, empresa que justamente está siendo auditada por la AGN por sus irregularidades. Es decir, se la designaría para controlar su propia gestión, lo que a todas luces es un flagrante conflicto de intereses.

“Como directora de Aerolíneas en representación del Estado, Castillo debe ser investigada por no impugnar los balances de los últimos años que llevaron al vaciamiento y cuasi quiebra de la empresa, ¿Dónde estaba? ¿No vio nada?,” preguntan los senadores Estenssoro y Cabanchik. “¿Cómo se pretende que integre este órgano de auditoría clave cuando permitió que Aerolíneas acumulara un pasivo de $2.500 millones que puso en riesgo la interconexión aérea de todo el país? ¿Por qué no impugnó los balances y la gestión española antes?”

Esta semana justamente el gobierno espera que el Senado apruebe la expropiación de las acciones de Aerolíneas. “La ineptitud o complicidad de Castillo como directora del Estado le terminará costando a los argentinos $3.500 millones de pesos, ya que el gobierno está decidido a hacerse cargo de todo el pasivo y ya aportó otros $1.000 millones entre julio y diciembre para mantener en funcionamiento la empresa. Evidentemente Castillo es una pieza clave en la estrategia de impunidad que están montando los Kirchner para que no se investigue su gestión cuando dejen el gobierno”, agregaron los senadores.

Castillo, de 41 años de edad, se desempeñó durante diez años – tanto en Diputados como en Senadores- como asesora de Cristina Kirchner, lo cual habla a las claras de su falta de independencia para auditar financieramente la gestión de la Presidenta.

En relación al segundo de los propuestos por el oficialismo para integrar el Colegio de Auditores, Javier Fernández, sus antecedentes más conocidos son alarmantes: está sospechado de ser el “valijero de la Corte” en los años 90 a propósito de los sobresueldos de los integrantes de la mayoría automática; fue empleado de la Corte Suprema de la mano Rodolfo Barra y Adolfo Vázquez; luego, acompañó como asesor al mismo Barra en su paso por el Órgano Regulador de los Aeropuertos.

“Quienes apoyen al oficialismo con sus votos, permitiendo la designación de Castillo y Fernández serán cómplices de haber permitido que se degrade otro órgano fundamental del Estado como es la Auditoría General de la Nación, ya que hasta 2017 el kirchnerismo tendrá mayoría en su Consejo, lo que les permitirá contar con un manto de impunidad,” concluyeron los Senadores.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2008