“Si una ley no está reglamentada, no esta en vigencia”, sentencia el senador nacional de la Coalición Cívica Samuel Cabanchik que relevó unas 50 normas que nunca fueron reglamentadas y por lo que anunció que presentará un proyecto para crear una figura jurídica que permita demandar al Estado nacional cuando el Gobierno no reglamente una norma.

Cabanchik recalca que en el imaginario social una ley ya rige cuando la aprueba el Congreso. “Hay que impulsar que el Parlamento es el penúltimo paso en el tratamiento de una ley”, dice el senador para que la gente conozca la importancia de la reglamentación”.

El proyecto buscará crear un “derecho específico” a donde se contemple que la falta de reglamentación de una norma es una lesión a los derechos de cualquier ciudadano, este o no perjudicado por la falta de puesta en marcha de la norma. Cabanchik le dijo a Diariojudicial.com que comenzará a trabajar en la redacción del proyecto al reinicio de la actividad parlamentaria y que prevé presentarlo este año.

“El Poder Ejecutivo no cumple los plazos para reglamentar una ley que le ordena el Congreso. Solo lo cumple cuando le interesa esa ley”, sostiene el senador y pone como ejemplo que en 10 días el Gobierno reglamentó la derogación de la “tablita de Machinea”.

La reglamentación de una ley sirve para poner en funcionamiento y darle validez a los alcances de lo que la norma establece. Cabanchik da un ejemplo: “Una ley dice que una obra social debe dar tratamiento a los obesos con aranceles de la obra social o hacer un reembolso, etc. Pero si no esta reglamentado la obra social no recibió ningún instructivo de eso y no lo cumple. Sin eso la ley es un abstracto”.

Según un trabajo del senador, hay al menos 50 leyes sin reglamentaciones o con reglamentaciones parciales desde el regreso de la democracia. Algunas de ellas son la ley de obesidad, la de pesa, la de beneficios sociales para discapacitados en leyes laborales, o la de prevención del alcoholismo en adolescentes que fue sancionada hace 11 años pero nunca reglamentada.

El caso más paradigmático es el del teatro Odeón. Demolido de su histórica ubicación en Corrientes y Esmeradla, una ley de 1959 ordenó que se vuelva a construir pero ningún Gobierno dispuso su reglamentación.

Cabanchik señaló que el Congreso estipula en algunas leyes un plazo para que el Poder Ejecutivo las reglamente que suele ser de 60 días. El senador señala que un plazo perentorio podría ser de entre 60 y 120 días, aunque hay que tener en cuenta “cuestiones urgentes”.

“El Congreso puede constitucionalmente dar por sí la reglamentación de una ley pero no lo hace porque es algo que esta en manos del Ejecutivo, por eso el decreto reglamentario es esencial”, resalta el senador.

Otro proyecto

Junto con la creación de la figura jurídica para presentar demandas, Cabanchik impulsará una iniciativa para que el Congreso tenga su propio sitio de internet con un buscador cualquier persona pueda conocer el estado de una ley y reclamar su reglamentación.

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