En el marco de la necesidad restringir la manipulación de la información en áreas sensibles como la referida a la elección tanto de los representantes legislativos como ejecutivos, el proyecto de reforma del Código Electoral Nacional –ley 19.945- que he presentado se propone impedir la manipulación de la información que en el último tiempo viene produciéndose a través de encuestas elaboradas por empresas privadas dedicadas al sondeo de la intención de voto electoral. En efecto, tal como ha sucedido en repetidas elecciones pasadas, lo que predicen las encuestas de opinión realizadas sobre la base de supuestas muestras del universo de votantes no se conforma, en un número crítico de casos, con el resultado efectivo del acto eleccionario.
El proyecto de reforma no pretende negar la cienficidad estadística que pueden tener las encuestas y sondeos de intención de voto, sino regular la posibilidad de distorsión informativa que ello implica en relación con el acto electoral. La sensibilidad de la información que las encuestas electorales de opinión comporta, indica el cuidado extremo que hay que tener con ellas, en particular por el hecho de que no son en sí mismas una opinión más, sino un procedimiento científico que intenta reflejar la opinión del universo de votantes. En este sentido, cuando en los hechos vemos que lo que ellas predicen no se condice con los resultados electorales efectivos, al tiempo que en su diversidad encontramos predicciones absolutamente dispares entre sí, tal distorsión abre la posibilidad de manipulaciones políticas de los recursos científicos, tal como ha sido expresado públicamente por políticos de diferentes partidos y por la sociedad en su conjunto.
De este modo, el proyecto de reforma del Código Electoral Nacional en relación a la publicación de encuestas electorales lo que pretende es regular la circulación de dicha información en los medios de comunicación, vedando su publicación y difusión desde quince días antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo, a partir de la convicción de que es necesario respetar la libertad del voto en términos de reflexión y de libre conciencia de cara a la importancia democrática que posee la ceremonia eleccionaria, ampliando la veda actual que resulta inefectiva a los fines de los fundamentos expuestos. En vistas de que tales disposiciones se cumplan efectivamente, se modifica asimismo el rango de los montos con el que es sancionada la violación de dicha reglamentación, junto con el de la violación de la reglamentación ya existente en relación a la difusión de las encuestas electorales llamadas “boca de urna” desde el inicio del comicio hasta tres horas después de finalizado éste (inciso h del artículo 71 del Código Nacional Electoral). Tal multa pasará de un rango de entre diez mil ($ 10.000) y cien mil pesos ($100.000) a uno de entre cincuenta mil ($ 50.000) y quinientos mil ($ 500.000), en virtud de que el rango que implica la reforma del año 2002 (Ley Nº 25.610 B.O. 8/7/2002) ha quedado desactualizado.