Señor presidente: Trataré de ajustar los tiempos de mi exposición. Efectivamente, hay que votar si después se va a habilitar el tratamiento sobre tablas del tema para resolverlo hoy. Una vez más, sería una muestra de sensibilidad y de conciencia del Senado de la Nación, que nos va a dignificar y que nos va a poder reconciliar cada día más y mejor con el pueblo al que representamos.

Me parece que este es un momento muy especial. Es un momento en donde hemos dejado hace poco una elección que se presentó como plebiscitaria del partido del gobierno a cargo del Poder Ejecutivo Nacional y la sociedad está muy sensibilizada con la respuesta que le dé su dirigencia. Me parece que nosotros, el Poder Legislativo de la Nación, tenemos que dar la respuesta adecuada a tanta demanda, muy razonable y muy justa por parte del pueblo, porque aquí hay un montón de afectados. Si consideramos que la justicia distributiva es distribuir el mal, en este caso, se está haciendo de la manera más eficaz posible, porque se está afectando a ricos y a pobres; se está afectando a habitantes de todas las jurisdicciones del país.

Dicho sea de paso, como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiero insistir en que abandonemos el prejuicio de que en la ciudad de Buenos Aires todos somos ricos y en el resto del país hay muchos pobres. Aquí también este tarifazo afecta a nuestros ciudadanos, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también la afecta. Aquí hay miles y miles de personas que la pasan mal y que con un consumo muy normal del gas está teniendo aumentos exorbitantes, según datos de la Defensoría del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de datos de otras defensorías del pueblo.

Pareciera ser que el planteo del Poder Ejecutivo nacional o, en fin, de la Secretaría o del Ente, son claramente incongruentes. Digo esto porque, por un lado, se defiende este cargo tan excesivo con el argumento de que sirve para pagar el gas que se importa –por lo menos, el decreto dice explícitamente eso-, pero a su vez se dice que ese gas que se importa es del 4 ó 5 por ciento. Entonces, esa es la primera incongruencia que señalo: ¿Por qué todo el mundo o mucha gente, injustamente, tiene que pagar semejante cargo para financiar algo que, así presentado, parece insignificante? Si se dice que es para invertir en la exploración, en la explotación y desarrollo de nuestro propio gas, que se haga cargo el gobierno de todas las falencias de la política previa y que recurra a otros mecanismos.  No se puede hacer pagar de esta forma, con un esquema que, si bien no es en sí mismo indiscriminado, su consecuencia sí lo es.

Hoy hubo una reunión con funcionarios nacionales. Yo asistí a esa reunión sin ser miembro de la Comisión de Energía, a fin de contar con los elementos de juicio para tener una posición fundada a la hora de debatir y resolver. Sin embargo, después de escucharlos, me han dejado con más incertidumbres o, mejor dicho, con feas certezas. Se han encerrado en un planteo que refiere a abstracciones y a esquemas previamente instituidos por la Secretaría. No se hacen cargo del problema; y el verdadero problema es cómo afecta a la gente. Están los defensores del pueblo, pero que vean los datos. Además de incongruente, el planteo me parece una salvajada.

Yo tengo algunos datos acá. Realmente, no voy a leer todos los que tengo, pero son increíbles, porque afectan –como bien dijo el senador Morales- a jubilados y desocupados. No obstante, los funcionarios dieron un argumento que veo que también constituye un argumento al que son sensibles muchos de los señores senadores: se dice que, en realidad, con esta medida pasan dos cosas justas, y una consecuencia conveniente. Las dos cosas justas que pasan es que paga más el que más consume, y la premisa implícita es que el que más consume más tiene; premisa que, realmente debería ser argumentada aparte, porque alguien puede consumir mucho y no tener con qué pagar. Ese es uno de los argumentos. El otro es que el cargo, en realidad, afecta de acuerdo con ese umbral de consumo, por lo cual no hay situaciones verdaderamente injustas. Por otra parte, se cree que con esto estamos financiando como corresponde la inversión en energía que nos debemos. Creo que nada de esto pasa. Por lo tanto, quiero decirles a mis colegas o darles argumentos de que esto no pasa, a fin de que revean su posición.

En la ciudad de Buenos Aires hay aumentos entre el 100 y el 400 por ciento en las boletas. Hablo de un consumo razonable: de personas que se bañan una vez al día o que tienen estufa encendida este invierno. Como está sacudiendo, ya entran en los cargos de la disposición. Repito: hablo de la ciudad de Buenos Aires para que no piense que acá todo el mundo está fantástico con este aumento y que somos todos ricos porque, como dije antes, no es así.

Datos de la Matanza: tendría que ocurrir que la diferencia entre el consumo de metros cúbicos no dé más a pagar si es menor. Eso sería justo. Pero si en el primer bimestre alguien consumió 275 metros cúbicos y pagó 106 pesos –aclaro que estoy hablando de un monto que no es el más alto-, si luego consumió 210 y tiene que pagar 252 pesos, ¿cuánto se ha incrementado su gasto? Se ha incrementado más del 100 por ciento y ha disminuido su consumo. Esto es absurdo.

Quiero señalar que estos son casos de amparos ya otorgados con intervención judicial. Una persona que consumió 219 metros cúbicos en el primer bimestre y pasó a consumir 231 metros cúbicos, de 87 pesos que pagaba, ahora paga 235 pesos. Son aumentos que, además, muchas personas no van a poder pagar porque son desocupadas o jubiladas. En la Matanza, tenemos datos increíbles: desocupados que tienen que pagar 539 pesos, 598 pesos. También jubilados que tienen que hacer pagos extraordinarios.

El juez que intervino en Escobar hizo algo todavía extra: obligar a un recálculo de las facturas. Voy a dar algunos pocos ejemplos para no abundar: una factura que con el cargo que estamos debatiendo era de 147 pesos, con el recálculo es de 87 pesos; otra que es de 1025 pesos, que le llegó a una familia argentina que vive en Escobar, pasa a ser de 576 pesos; otra de 626 pesos pasa a 351 pesos. Y así podría seguir enumerando otras. O sea que esto es salvaje.

Dije que era incongruente el planteo. Digo que es salvaje en sus consecuencias y agrego que es también inconstitucional, tal como expuso muy bien la señora senadora Escudero y rubricó el señor senador Morales. Esto ya está, es básico. Pero digo que es también irresponsable, porque es de una extraordinaria irresponsabilidad el modo en que se está manejando el ente y que apoya la secretaría, evidentemente, con las excepciones. Porque hoy, el senador Giustiniani les preguntó claramente a los funcionarios cuáles son los criterios objetivos para las excepciones. Ante esto, se habló de celulares y de cualquier cosa, como de fotos de las casas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ir un inspector y, cuando vea que la gente tiene en la casa una alfombra de la abuela, con eso no se los va a eceptuar?

Creo que podemos concluir que el Congreso nacional tiene que rectificar, en este caso, los errores del Poder Ejecutivo. Por eso, una vez más apelo, como creo que apelamos todos los senadores que estamos tratando de promover este debate aquí, a que el bloque oficialista abra una luz para que esto se revierta.