El conjunto de modificaciones al Código Civil, atinente a la legislación del matrimonio, es una cuestión eminentemente política. Entendamos aquí por cuestión política el diferendo surgido a partir de un reclamo de justicia realizado por una parte de la comunidad que, en la materia del caso, no se encuentra representada por el orden imperante.

Esta descripción se aplica claramente a la controversia planteada a propósito del proyecto de ley que recibió ya media sanción por parte de la Cámara de Diputados . Aceptar la dimensión política de lo que está en juego es admitir que ni los dogmas de fe, ni las apelaciones a las leyes naturales ni la investigación científica pueden dirimir por sí mismos la cuestión planteada, más allá de los valiosos aportes que hacen quienes han indagado en el tema con profundidad, sea en el campo del derecho, el psicoanálisis o los estudios de género.

Lo que se reclama es que l a ley de matrimonio no considere relevantes las condiciones de género o sexualidad, a efectos de permitir la consagración del vínculo , de modo tal que la institución matrimonial no siga restringida a aquellas parejas conformadas por lo que cabría llamar heterosexualidad típica, esto es, la que incluye solamente a un hombre y a una mujer heterosexuales.

La justicia del reclamo tiene una amplia aceptación, aun por parte de aquellos que se oponen al proyecto de ley en revisión en la Cámara de Senadores. Esta oposición parece anidar, exclusivamente, en consideraciones acerca de las consecuencias que para el régimen de adopción tendrían las modificaciones propuestas.

En efecto, es mayoritaria la coincidencia en que la desigualdad en el reconocimiento del derecho al matrimonio impide a las parejas del mismo sexo gozar de los beneficios y obligaciones que el Estado reconoce a las parejas heterosexuales, como por ejemplo: derechos de herencia y pensiones, obras sociales, capacidad de decidir por otro en situaciones de imposibilidad, etc. Muchos acuerdan en que el Estado sea igualitario respecto de estos asuntos, pero rechazan que lo sea en materia de filiación, con especial foco en la adopción .

Los argumentos que se esgrimen coinciden en sostener que para un/a niño/a sería desventajoso o perjudicial ser adoptado por un matrimonio no heterosexual , en razón de consecuencias psicológicas y sociológicas supuestas. Pero debido a que estas consecuencias son supuestas , no tienen suficiente fuerza argumental, corriéndose el peligro de ser asumidas como meros prejuicios .

Por lo demás, el actual orden jurídico argentino permite a cualquier persona adoptar, sin discriminar su sexo ni su orientación sexual. De hecho, han podido hacerlo hombres solteros e incluso personas travestis. Entonces, ¿por qué impedir que lo haga una pareja homoparental? La controversia planteada es legítima y muchos argumentos a favor y en contra, dados de buena fe, también lo son.

Como senador de la Nación, y en el entendimiento de que una cámara revisora debe ejercer efectivamente esa función respecto de la de origen, me comprometo a dar una respuesta responsable y fundada.

Es de lamentar que cualquier decisión en esta materia contentará a unos y decepcionará a otros. Lo que toda la sociedad debe celebrar es que la Comisión de Legislación General, bajo la presidencia de la senadora Liliana Negre de Alonso, está haciendo un trabajo encomiable, al que seguramente la Cámara entera acompañará, sea cual fuere el resultado final.
POR SAMUEL CABANCHIK SENADOR NACIONAL (PROBAFE)