En una carta remitida al diario Clarín , el senador porteño Samuel Cabanchik (Probafe) cuestionó la publicación el viernes pasado de una nota “sobre el trámite de aprobación de la Ley de acceso a la información pública”, ya que, a su criterio, no tomó en consideración el consenso alcanzado en torno a su propuesta. “A través de numerosas tergiversaciones, se pretendió cubrir bajo un manto de sospecha lo que bien podría constituir un destacable hecho político”, señaló Cabanchik, al haberse aprobado en general su proyecto por unanimidad. “La propuesta que he promovido, en conjunto con todo el arco opositor y en diálogo con el oficialismo, pretende consagrar un instrumento idóneo para alcanzar la mejor ley posible de libre acceso a la información pública”, dijo el senador Cabanchik.

A continuación se transcribe la carta original enviada por el Senador de la Nación Samuel Cabanchik (PROBAFE) al Diario Clarín

“HECHOS Y CONCEPTOS SOBRE LA SANCION DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA”
El pasado viernes 10 de setiembre, en página 42, este diario publicó una nota firmada por el periodista Alejandro Alfie sobre el trámite de aprobación de la Ley de acceso a la información pública. Lejos de informar, dicha nota terminó desinformando.
A través de numerosas tergiversaciones, se pretendió cubrir bajo un manto de sospecha, lo que bien podría constituir un destacable hecho político. A continuación, repongamos algunos de los principales hechos y significaciones para beneficio del conocimiento de los lectores.
La propuesta de dictamen sobre acceso a la información pública que he promovido en el Senado, en conjunto con todo el arco opositor y en diálogo con el oficialismo, pretende consagrar un instrumento idóneo para alcanzar la finalidad principal en esta historia: tener la mejor ley posible de libre acceso a la información pública. El alto consenso alcanzado en la votación del proyecto en general – los sesenta y nueve senadores presentes votaron a favor – tiene un solo beneficiario: el conjunto de las/los argentinas/os. Cabe destacar, asimismo, que dicha unanimidad determinó la votación en particular para la sesión del día 30 de septiembre próximo.
Se trata sin duda de un hecho inédito en la política argentina de nuestros días, que pareciera importar poco o nada a algunos falsos declamadores de la tolerancia política. Este hecho trascendente para la salud republicana y la tan mentada calidad institucional, tiene solo una explicación: unir esfuerzos para fortalecer un derecho que es de todos/as.
Así lo deja en claro la referida propuesta de dictamen, la cual pone énfasis no sólo en la amplitud de la legitimación activa reconocida a “toda persona, física o jurídica, pública o privada” – esto es, la capacidad procesal para hacer valer el derecho de acceso a la información pública ante la justicia -, sino que también consagra el principio de tutela efectiva del derecho a la información pública al prescribir que este derecho “es un derecho humano fundamental y, como tal, no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia o de interpretaciones que lo limiten” (art. 2).
La propuesta de dictamen aprobada en general por el Senado, ha tenido en cuenta las inquietudes de numerosas organizaciones no gubernamentales que vienen promoviendo la campaña “saber es un derecho”.
En lo que respecta a la autoridad de aplicación, en el debate de la sesión del pasado 8 de setiembre, quedaron en evidencia las ventajas relativas del texto votado en el Senado frente al contenido en el dictamen de mayoría de Diputados. En efecto, observamos que dicho dictamen podría dar lugar al absurdo de que de los mismos despachos donde se encuentra la información pública a requerir, salgan los nombres de quienes integrarían la autoridad de aplicación en los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial).
Por otra parte, no cabe duda de que todas las propuestas son perfectibles, a la vez que susceptibles de ser enriquecidas por el debate público. En rigor, el citado dictamen de mayoría de Diputados tiene elementos interesantes para ser tomados en cuenta, como la regulación de la apelación administrativa, la acción judicial de acceso a la información y la explicitación de las excepciones a la publicidad de la misma.
Bastan estas pocas palabras, fundadas en hechos incontrastables, para refutar las insinuaciones de la mencionada nota que motiva la presente respuesta. Lo que en definitiva sería imperdonable es que, como ya ocurriera en el año 2004, se frustre la posibilidad de tener una ley que ponga al alcance de cualquier compatriota la información requerida para el ejercicio de la libertad de expresión, condición fundamental para ejercer la libertad de pensamiento, uno de los bienes más preciosos que poseemos los seres humanos.

Samuel Cabanchik
Senador de la Nación