Por Samuel Cabanchik SENADOR NACIONAL (ProBaFe)

La crisis del INDEC permanece abierta. Los diarios informan de intercambios entre el Gobierno y las Universidades y también de la intervención de organismos multilaterales.

Pero, más allá de los cursos inmediatos de acción, no debe ignorarse que la recreación de un instituto productor de información, confiable y sólido, es posible si se apoya en básicas coincidencias generales.

Que esto es así lo podemos ilustrar con un ejemplo pleno de actualidad.

El Poder Ejecutivo Nacional recientemente envió al Congreso una iniciativa destinada a proteger el dominio nacional sobre la propiedad de las tierras rurales, estableciendo un límite del veinte por ciento a la titularidad extranjera.

Dado que se ignora qué proporción de las tierras rurales se encuentra en manos no nacionales, se creará el Consejo Interministerial de Tierras Rurales , para encontrarle una respuesta a esa incógnita.

¿Puede un organismo constituido al efecto, asumir esa responsabilidad sin estructura ni competencias, con perspectivas de éxito? La tarea encomendada no solo requiere tiempo, sino que además es vasta en su cobertura geográfica y muy costosa.

Esta debería ser una tarea resuelta en un contexto institucional diferente.

Bajo responsabilidad del INDEC, el último de los censos agropecuarios se realizó en 2008 y resulta de sentido común buscar en él indicios de la participación extranjera en la propiedad de las tierras rurales.

Sin embargo, por dos motivos, no es en ese Censo donde encontraremos información sobre ese problema.

En primer lugar, el Censo 2008 no alcanzó a realizar un barrido completo del territorio nacional . El conflicto político que tensionaba en ese momento la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario por la resolución 125 afectaron su ejecución. Este escollo en el operativo censal debería llevarnos a revalorar la autarquía de los organismos técnicos que trabajan en la órbita estatal.

En segundo lugar, la cédula aplicada en el Censo no incluía la solicitud de la nacionalidad del productor agropecuario.

Su ausencia debería reafirmarnos en la convicción de que los objetivos de política gubernamental tengan coordinación con la producción de evidencia estadística , sin alterar sus bases científicas.

Es la excelencia técnica, contenida en un adecuado marco institucional, la que debería estar en condiciones de ofrecernos estadísticas que nutran la discusión de las políticas públicas y facilitar así las decisiones que mejor interpreten nuestros intereses colectivos.